sábado, 5 de septiembre de 2015

Escándalo en Lugo


En el CD Lugo bajan las aguas revueltas. La auditoría encargada por la recién llegada directiva que preside el empresario Tino Saqués ha dejado el primer escándalo, que de rebote salpica al Racing a través de Quique Setién. Según informa La Voz de Galicia la auditoria desvela algunas sorpresas desagradables, aunque la investigación no está finalizada y tendrá muchos matices. Los nuevos dirigentes han filtrado estos datos dentro de la guerra abierta que mantienen con el anterior equipo de gestión.
La empresa madrileña que está realizando el trabajo de revisión de cuentas aguarda a que el director general del club, Carlos Mouriz, entregue todo el material que le solicitaron hace dos meses. La auditoria ha detectado salidas de dinero del club hacia cuentas de directivos sin estar documentadas, contratos blindados de técnicos y directivos para las dos próximas temporadas por cantidades muy importantes firmados, supuestamente, en los últimos días de la anterior directiva, o sociedades mercantiles de personas del cuerpo técnico que cobraban del club al margen de las nóminas que ya percibían. Son algunas de las irregularidades que la auditoría va a pedir al club que aclare en los próximos días.
La primera irregularidad detectada es que el club pagó el 30 de julio del 2013 al entonces presidente José Bouso 363.000 euros; y otros 94.000 al también directivo Víctor Ferreiro. Ambos traspasos de dinero se hicieron supuestamente para cancelar un préstamo que ambos directivos habrían hecho previamente al club, pero del que no hay documentación y por eso se ha pedido. La auditoría informa también de que entre los años 2013 y 2015 las empresas Odegal S.L. y Odegal Inversiones, vinculadas al entonces presidente José Bouso facturaron al club por importe de 305.000 euros por obras de mantenimiento y mejoras de las que no existen actas ni certificaciones que prueben que se han realizado. Lo mismo ocurre con la empresa Ben Ferreiro, de otro directivo del club, que también facturó entre el 2013 y el 2015 otros 100.000 por otras supuestas obras.
El director general con la anterior directiva, Carlos Mouriz, sigue siéndolo con la actual porque tiene un contrato firmado para la presente temporada por 180.000 euros y la misma cantidad para la 2016-2017, además de un finiquito de 72.000 euros. Para rescindir su contrato el club tendría que abonarle todas esas cantidades, que suman 420.000 euros, porque así lo blindó la anterior directiva. Los auditores dicen que dicho contrato tiene fecha de 15 de junio del 2014 pero hay indicios que les hacen sospechar que pudo ser realizado a finales de la presente campaña, y consideran que se debería investigar este extremo. Junto a este contrato del director general aparecieron también otros cuatro miembros del cuerpo técnico con sus respectivos contratos blindados también para las próximas dos temporadas. Son cantidades menores en cada caso, que oscilan entre 60.000 y 100.000 euros anuales cada uno para las dos temporadas, pero que si el club quisiese despedirlos tendría que abonar a los cuatro 284.000 euros según las cláusulas de blindaje, que son exactamente iguales que las del director general, incluso con la misma redacción y realizados también supuestamente en la misma fecha del 15 de junio de 2014.
La auditoría revela que la empresa Mougest SL, creada por el director general del club, Carlos Mouriz, firmó un contrato de prestación de servicios deportivos y de representación, entre otras cosas, de publicidad con el Lugo el 1 de julio de 2013 y desde entonces le facturó y cobró unos 240.000 euros por servicios indeterminados que, supuestamente, tampoco están documentados y que, además, serían los que ya le correspondería haber realizado en virtud de la nómina que cobraba. Sumadas las cantidades que percibía por contrato y que facturaba al club a través de dicha sociedad, Carlos Mouriz rondaban los 220.000 euros de ingresos en las dos últimas temporadas. Los auditores entienden que las cantidades pagadas a la sociedad Mougest por el Lugo fueron indebidamente abonadas y en caso de no reintegrarlas recomiendan a la actual directiva iniciar acciones legales para recuperar el dinero, que podría superar los 240.000 euros.
La auditoría también pone de manifiesto que el anterior entrenador, Quique Setién, tenía un contrato de 72.000 euros al año más un bonus de 60.000 si conseguía la permanencia. Con dicho contrato, percibió por nóminas durante las dos últimas temporadas un total de 204.000 euros, es decir, casi cien mil por cada una. Pero lo curioso para los auditores es que la empresa Sofilase, creada por Enrique Setién y su esposa también facturó entre los años 2013 y 2015 otros 261.000 euros al Lugo, por la prestación de servicios deportivos y similares que -como en el caso de Mouriz- tampoco está acreditado que se realizasen. Esta facturación sumada a sus nóminas vino a suponer cerca de 220.000 euros de ingresos por temporada. Una cantidad y un modo de facturación similares a los de Carlos Mouriz, y por tanto los auditores indican a la actual directiva del Lugo que debería reclamar la devolución de esas cantidades supuestamente cobradas por servicios no acreditados, recurriendo incluso a la vía judicial si fuese necesario. En el caso de Setién esas cantidades podrían suponer unos 261.000 euros.
A la vista de las irregularidades inicialmente detectadas por la auditoría, y a la espera de que lleguen los informes definitivos, todo indica que la directiva deberá informar de inmediato a los socios de la entidad. Este tipo de contratos dobles o triples suelen ser más comunes en el fútbol de lo que parece, muchas veces para evitar al fisco, los controles económicos de la LFP o fraccionar los pagos, no para saquear una institución.

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